El contrato social que nunca firmamos

John Locke y Thomas Hobbes tuvieron un famoso desacuerdo sobre el contrato social. Locke pensaba que nuestro consentimiento al gobierno es implícito: lo damos al beneficiarnos de su protección. Hobbes pensaba que el consentimiento era irrelevante; el orden era necesario y no había más que hablar. Los dos daban por sentado que el contrato se establecía con un Estado, una entidad geográfica con fronteras definidas y rendición de cuentas democrática.

Ninguno de los dos previó que acabaríamos gobernados por Meta.

No exagero. Las normas de moderación de contenidos de Facebook moldean la vida diaria de más gente que la mayoría de las leyes nacionales. Lo que puedes decir, lo que puedes ver, con quién puedes relacionarte, qué información te llega: todo eso lo deciden empresas privadas, a puerta cerrada, con reglas que cambian sin avisar y sobre las que no tienes voto.

La nueva soberanía

Soberanía significaba antes control sobre un territorio. Un gobierno era soberano si podía hacer cumplir su voluntad dentro de unas fronteras definidas. Era un concepto físico: lo sostenían los ejércitos y la policía, y los límites se trazaban en los mapas.

Ahora pregúntate: ¿quién tiene soberanía sobre tu atención? ¿Sobre tus datos? ¿Sobre tu acceso a la información y a la comunicación? La respuesta, a casi todos los efectos prácticos, es un puñado de empresas tecnológicas con sede en California y en China. Ejercen esa soberanía sin ejércitos: con código, con condiciones de uso y con una aplicación algorítmica de las normas.

No ha sido una opa hostil; ocurrió porque sus servicios son útiles, adictivos incluso, y elegimos usarlos. Pero ese «elegimos» hay que mirarlo con lupa. Cuando casi toda la comunicación humana pasa por unas pocas plataformas privadas, cuando casi todo el comercio ocurre en ellas, cuando quedarse fuera significa aislamiento social y económico, ¿hasta qué punto es real la elección?

Las condiciones de uso como ley

Has aceptado cientos de contratos legales que nunca has leído: miles de páginas de condiciones de uso, políticas de privacidad y acuerdos de licencia de usuario final. Nadie los lee. Unos investigadores han calculado que leer de verdad todas las políticas de privacidad con las que uno se cruza llevaría unos 76 días laborables al año.

Estos contratos otorgan a las empresas amplios derechos sobre tus datos, tu contenido, tu acceso a la plataforma y, por extensión, tu capacidad de participar en la sociedad digital. La empresa puede cambiarlos en cualquier momento y los aplica por su cuenta, sin procedimiento de apelación, sin juez, sin garantías procesales.

Cuando Facebook expulsa a alguien, esa persona pierde el acceso a su red social, a su mercado, a sus herramientas de comunicación, a sus recuerdos guardados. No existe protección constitucional alguna: la Primera Enmienda limita al gobierno, no a las empresas privadas. Te pueden echar de la plataforma por razones que nunca te dirán, mediante un proceso que no puedes recurrir, con consecuencias que alcanzan toda tu vida digital. Esto es gobernanza; lo que pasa es que es una gobernanza que nunca aceptamos.

La ilusión de la salida

La teoría clásica del contrato da por supuesta la opción de salida. Si no te gustan las condiciones, no firmes; si las condiciones cambian, vete. Es lo que da sentido al consentimiento: eliges aceptar estas condiciones a cambio de estos beneficios.

Pero ¿qué ocurre cuando la salida no es una opción real? ¿Cuando todos tus amigos están en una misma plataforma y marcharte significa perderlos de vista? ¿Cuando tu negocio depende de un mercado que no controlas? ¿Cuando tu red profesional vive en un sitio que puede expulsarte sin darte explicaciones?

La opción de salida se vuelve teórica. Puedes irte, en principio; en la práctica, los costes son tan altos que te quedas y aceptas las condiciones que te impongan, sean las que sean, porque la alternativa es una forma de muerte social. Y eso, vestido con el lenguaje de la elección, es la estructura de la coerción.

La IA lo empeora

A medida que los sistemas de IA se vuelven más sofisticados, la gobernanza se hace más invisible y más absoluta. Un algoritmo decide qué información ves; otro, qué se te permite publicar; otro, si tu contenido llega a alguien; otro más, si conviene mostrarte anuncios, de qué y cuándo.

Son predicciones, hechas por sistemas entrenados con datos y optimizados para objetivos que ni fijas ni ves, y no decisiones de personas que sigan reglas explícitas. Esta gobernanza, además de no rendir cuentas ante nadie, es inescrutable: ni las propias empresas que despliegan estos sistemas saben explicar muchas veces por qué se tomó una decisión concreta. Hemos cambiado un contrato social que nunca firmamos por una gobernanza algorítmica que ni siquiera podemos leer.

La comparación con el gobierno

Imagina que el gobierno funcionara así: que las leyes pudieran cambiar a diario, sin anunciarlo; que de hacerlas cumplir se encargaran sistemas incapaces de explicar su razonamiento; que la única apelación posible fuera ante la misma autoridad que tomó la decisión; que quedarse fuera significara abandonar el país sin tener adónde ir.

Lo llamaríamos tiranía y nos resistiríamos. De hecho, nos hemos resistido, históricamente, con revoluciones, constituciones y declaraciones de derechos.

Pero como esta gobernanza viene envuelta en productos de consumo, y es técnicamente opcional pero obligatoria en la práctica, y la ejercen empresas y no Estados, la aceptamos. Hacemos clic en «aceptar» sin leer, porque ¿qué otra cosa podemos hacer?

¿Cómo sería un contrato de verdad?

Si tuviéramos que diseñar un contrato social para la era digital, ¿qué incluiría?

Yo querría garantías procesales: reglas claras, una aplicación justa de las normas, apelaciones con sentido. Transparencia: saber por qué se ha tomado una decisión y con qué criterios. Portabilidad: si me voy de una plataforma, poder llevarme mis datos, mis contactos, mi presencia digital. Y representación: alguna voz en cómo se hacen las reglas, algo más que aceptar o marcharse.

Nada de esto existe en las plataformas actuales; ni siquiera está en los planes. La estructura de incentivos empuja en la dirección contraria: usuarios cautivos, opacidad, control unilateral. Todo eso maximiza el valor para el accionista, al tiempo que reduce el poder del usuario.

La cuestión de la fuerza

¿Por qué iban las plataformas a conceder más derechos a los usuarios? ¿Qué fuerza tenemos nosotros para presionar?

Históricamente, los derechos se le han arrancado al poder mediante la acción colectiva: los trabajadores se sindicaron, los ciudadanos se organizaron, los consumidores boicotearon. Los poderosos cedieron porque quienes no tenían poder se convirtieron en una amenaza.

La acción colectiva digital es más difícil. Las plataformas controlan los canales de comunicación, pueden reprimir cualquier organización que las amenace, pueden identificar y perseguir a los activistas. Las herramientas de la resistencia son propiedad de los mismos poderes a los que se resiste.

La regulación es otra opción, pero es lenta, a menudo está capturada y atraviesa mal las fronteras. Una empresa puede constituirse en Delaware, alojar sus servidores en Irlanda, encaminar los datos por Singapur y sostener que las leyes de ninguna jurisdicción se le aplican del todo.

No tengo una solución. Lo que tengo es la constatación de que el problema existe, de que es político aunque venga vestido de comercial, de que el lenguaje de «servicios» y «usuarios» oculta una relación de gobierno y súbditos.

Locke pensaba que consentimos el gobierno por acuerdo tácito, al aceptar sus beneficios y vivir dentro de su territorio. Por esa lógica, también hemos consentido la gobernanza de las plataformas. Pero Locke pensaba también que teníamos derechos naturales que ningún gobierno podía arrebatarnos, y que cuando el gobierno se volvía tiránico teníamos derecho a rebelarnos.

¿Qué significaría rebelarse en este contexto? No estoy seguro. Quizá una negociación colectiva para conseguir mejores condiciones; o una acción regulatoria que trate a las plataformas como servicios públicos o como gobiernos, y no como empresas privadas; o alternativas técnicas que hagan viable la salida.

Por ahora vivimos bajo unas condiciones que nunca leímos, aplicadas por sistemas que no entendemos y cambiadas al capricho de empresas en las que no podemos influir. Lo llamamos comodidad; podríamos llamarlo también rendición.